Ya no se come

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La próxima jornada de protesta nacional convocada por los movimientos sociales para el 12 de marzo refleja la creciente preocupación por la situación crítica que enfrentan los sectores populares en Argentina. La decisión de realizar cortes de ruta y bloqueos en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires responde a la urgente necesidad de visibilizar la falta de ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas y la escasez de trabajo.

En una reunión realizada en la sede de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, se congregaron representantes de diversas organizaciones sociales, incluyendo la Utep, la Unidad Piquetera y la Coordinadora por el Cambio Social, entre otras. Esta coordinación amplia y diversa, que no se veía desde finales de los años ’90, se ha fortalecido debido a las políticas del gobierno de Milei, que ha declarado una especie de guerra contra los movimientos sociales al reducir la ejecución de programas de asistencia y lanzar una campaña de demonización contra estas organizaciones.

La situación se agrava con la falta de respuesta por parte del gobierno a las necesidades urgentes de los sectores más vulnerables. Aunque se han aumentado los montos de la Tarjeta Alimentar y la Asignación Universal por Hijo, estas medidas resultan insuficientes para abordar la magnitud de la crisis. Además, los recortes en programas de empleo y capacitación agravan la situación, dejando a muchas personas sin recursos ni oportunidades.

La demanda más apremiante de los movimientos sociales es la de alimentos, ya que muchos comedores y merenderos dependen de donaciones y no reciben asistencia del gobierno. La cancelación de planes como el Potenciar Trabajo y la falta de canales de diálogo para corregir errores en las bajas mal hechas profundizan la precariedad en la que se encuentran miles de familias.

La estrategia del gobierno de confrontar con las organizaciones sociales puede interpretarse como un intento de debilitarlas y extinguirlas, como lo sugiere Federico Sturzenegger, autor de la Ley Bases. Sin embargo, esta postura ignora por completo la realidad de los barrios y la importancia de estas organizaciones en la vida de millones de personas. El ajuste brutal que se está llevando a cabo afecta directamente a los ciudadanos más vulnerables, dejando en evidencia la falta de empatía y comprensión por parte de las autoridades.


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