Ziulu le había reclamado la competencia tanto a Casanello como a Kreplak en línea con el pedido del secretario general de Presidencia, Pablo Clusellas, apoderado del PRO. El mes pasado, al rechazar el planteo, Casanello recordó que ya tenía medio centenar de declaraciones de personas registradas como aportantes que no pusieron un peso, más un informe pericial caligráfico e informes oficiales. La hipótesis que investigaba es que Cambiemos usó listas de beneficiarios de planes sociales para blanquear plata de quienes no quisieron figurar sosteniendo la campaña de Esteban Bullrich y Graciela Ocaña.
Ante la negativa de Casanello, el fiscal Stornelli trasladó el pedido del Gobierno a la sala de la Cámara con competencia electoral que preside Irurzun. “La duplicidad de expedientes iniciados para dilucidar los mismos hechos es inconveniente”, escribió. Irurzun se inclinó por la jurisdicción platense porque Cambiemos Buenos Aires “se encontraba constituida por doce fuerzas políticas reconocidas como alianza electoral transitoria del distrito provincial”, donde a su vez “ha sido presentado el Informe de Ingresos y Egresos cuestionado y donde habitan aquellos cuyos aportes han sido puestos en tela de juicio”. El juez le quitó entidad a que “parte de las personas incluidas sean beneficiarias de distintos programas de asistencia social, pues la hipótesis en punto a que la información pudo haber sido obtenida de los registros de la Anses, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y/o el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no alcanza, por sí misma y por la naturaleza descentralizada de los organismos involucrados, para sostener la competencia excluyente de la sede capitalina”.
La ex presidenta CFK cuestionó la resolución por considerar que los delitos que se investigan son federales y no simplemente electorales.
“Este vergonzoso antecedente que acaba de dejar asentado la Justicia Federal pretende proteger a Vidal y además busca marcarle una pauta a las causas donde se investigan los aportes falsos a Cambiemos en la campaña electoral 2017 y que tramitan en La Plata”, sostuvo la senadora García. “Es más que evidente que el objetivo de esta maniobra es seguir protegiendo a la gobernadora de cara a las elecciones del año que viene –consideró la legisladora–, restándole importancia a la responsabilidad que le cabe como presidenta del partido PRO que fraguó identidades de cientos de personas y lavó dinero para financiar la última campaña electoral en la Provincia, entre otros delitos.”
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