Crimen del joven mapuche Elías Garay: Hay dos detenidos pero también sospechas de complicidad policial

Las comunidades mapuches y organizaciones de derechos humanos desconfían de la fuerza de seguridad provincial

Por Patricia Chaina

A cuatro días del asesinato del Elías Garay en Cuesta del Ternero, en el ataque donde también fue herido de gravedad Gonzalo Cabrera, la policía de Río Negro en colaboración con el Ministerio Fiscal de Chubut detuvo a dos personas señaladas como autores materiales del hecho. Si bien no está claro qué hacían en el lugar, donde la comunidad mapuche Quemquemtrew realiza desde hace dos meses un asentamiento pacífico en reclamo de su territorio ancestral, las versiones oficiales sostienen que serían empleados de los hermanos Alberto Osvaldo y Rolando Enrique Rocco, los contratistas que tienen concesionado el predio fiscal –que corresponde al municipio de El Bolsón–, para la explotación maderera.

Sin embargo, el procedimiento por el cual son detenidos, comenzó a sembrar dudas entre las organizaciones indígenas y de derechos humanos, a medida que fueron conociéndose los pasos de la investigación, cuyo resultado determinó el arresto de Diego Ravasio, este jueves por la mañana en Esquel, y de Martín Feilberg. El segundo “se entregó en una comisaría de Comodoro Rivadavia”, aseguran fuentes policiales.

Los sospechosos serán traslados a Bariloche para la audiencia de formulación de cargos que debe reglarse en 48 horas, acusados por el homicidio de Garay, de 29 años, y por haber herido de gravedad a Cabrera, de 22 años. Las autoridades rionegrinas detallaron que el procedimiento pudo realizarse a partir del registro de “un dron de la policía provincial” que permitió las identificaciones.

Esto motivó la sospecha entre las comunidades, ya que el hecho ocurrió el domingo pasado en Cuesta del Ternero, un predio donde se realiza el posicionamiento de reivindicación territorial de la Loft Quemquemtrew. Por eso, el lugar permanecía sitiado por la policía. Los dos retenes sobre la Ruta 6 –los únicos sitios posibles para ingresar o salir del lugar–, se levantaron recién hace 48 horas, después de 54 días de cercamiento, cuando la familia Garay pudo retirar el cuerpo de Elías.

Sin embargo, dos hombres pudieron atravesar el cerco, llegar a la comunidad, perpetrar el ataque, y salir de ahí. Según las primeras declaraciones de testigos, entre ellos Cabrera –quien se recupera en el hospital Ramón Carrillo de Bariloche–, portaban armas largas calibre 22 y habrían entrado en un Fiat Duna rojo. El registro de “un dron de la policía” permitió identificarlo, aseguran fuentes judiciales. Y dar con el paradero de los sospechosos.

“La gran duda es porque en el puesto policial de Cuesta del Ternero los dejan pasar, se escuchan disparos y los dejan salir” se pregunta el abogado Nelson Ávalos, de la APDH región Noroeste del Chubut. “¿Cómo puede ser que la Policía les haya habilitado el paso, si estaba bloqueado el camino y no se podía pasar ni la comida?”, suma una referente indígena de la zona.

“Hay cosas que no tienen explicación –sostiene Orlando Carriqueo, del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro–, como el dron que sobrevolaba el lugar diez minutos antes del ataque. Si era de la Policía ¿para qué recorre el lugar antes del ataque?”. La gente de la comunidad lo vio, confirma. “¿Qué tiene que ver la Policía de Río Negro con ésto? ¿Qué tiene que ver el empresario Rocco con el gobierno de Río Negro y con el de Chubut?” se pregunta Carriqueo. No es el único que cuestiona el “aparente armado” del ataque al predio fiscal concesionado a los hermanos Rocco, por 99 años, y que hoy está en conflicto.

“No cuestionamos la detención”, subrayan las organizaciones. Pero señalan que “sería jodido que quede ahí”. La figura del “chivo expiatorio” representado en los dos detenidos, refiere a una alianza que se repite históricamente en la zona: “La complicidad policial con los usurpadores”. En este caso los hermanos Rocco. Y la complicidad de la gobernadora Arabela Carrera queda en evidencia, sostienen, ya que “como mínimo, hubo impericia policial”.

En su defensa, la versión policial, que luego de la primera detención se extendió muy rápido mediáticamente, señala a “los sospechosos” como empleados de Rocco. “Dicen también que uno sería socio de Rocco”, agrega Ávalos. Y por eso pudo pasar el cerco. 

Así, aunque inicialmente se habló del COER (fuerza especial de choque de la policía rionegrina) y luego de “sicarios”, matones contratados para consumar el homicidio, ahora las versiones se concentran en señalarlos como personas que “trabajaban para el contratista que operaba en el predio hasta que comenzó la toma”. Pero las organizaciones que frecuentan el lugar desde que en septiembre comenzó el conflicto sostienen: “No había actividad productiva en el lugar, solo la plantación de pinos que ya tiene unos diez años, no había actividad actual de aserradero ni de corte, yo lo recorrí” confirma Ávalos.

Incluso desde la gobernación, al conocerse el ataque, se habló de un “ajuste de cuentas” entre la propia comunidad. Lo que, para las organizaciones, es un dato clave que indica solo “la necesidad del gobierno provincial de embarrar la cancha, para defender los intereses de quienes pactan grandes negocios a costa de los intereses comunes: el suelo, el agua, la biodiversidad”, sostienen.

El contexto abre un margen a las sospechas de la comunidad. Las detenciones se realizaron a cuatro días del ataque. Justamente al cumplirse cuatro años de la muerte de Rafael Nahuel en una represión perpetrada en el territorio ancestral recuperado, en este caso por la comunidad Lafken Winkul Mapu, en Lago Gutiérrez, en los alrededores de Bariloche, a cargo del grupo Albatros. Y los disparos por la espalda contra el adolescente ocasionaron su muerte dos días después.

Los casos de conflicto territorial son sistemáticos en la Comarca Andina. De hecho, decenas de conflictos esperan que se prorrogue la Ley Nacional 26.160 de Relevamiento Territorial indígena. Razón por la cual, hace un mes que las organizaciones de pueblos originarios realizan un acampe frente al Congreso de la Nación. Y concretaron este martes una marcha peticionando que se trate la prórroga en Diputados antes de fin de año.

El caso de Río Negro es emblemático en ese sentido, ya que la gobernadora Carrera no está de acuerdo con la firma de un convenio que avale la Ley. “Es avalar las usurpaciones” sostienen. “A toda recuperación territorial la llaman así: ataque a la propiedad privada” explican las comunidades. Y vinculan al gobierno provincial con intereses territoriales acoplados el desarrollo minero y al turismo de lujo.  

El intendente

“En El Bolsón hay manipulación en el tratamiento de la información respecto a lo que ocurre en Cuesta del Ternero”, sostienen las organizaciones indígenas. Se refieren a las declaraciones del intendente Bruno Pogliano (Juntos Somos Río Negro) quien el lunes posterior al asesinato, realizó un agradecimiento público a quienes ese domingo, mientras la comunidad mapuche realizaba un corte de calles repudiando el ataque, fueron agredidos por grupos de personas a caballo, que portaban armas y cuchillos. 

“En El Bolsón ese domingo se hacía una fiesta del Día de la Tradición –detalla el abogado Nelson Avalos– y por lo que sabemos un funcionario municipal tomo el micrófono y dijo: ‘tenemos que suspender el evento, por culpa de los mapuches’. Ahí fue cuando muchos, vestidos de gauchos, salieron, ebrios y de a caballo, a sacar a la gente de la calle apuntando con armas de fuego, y pegándoles planazos con cuchillos. Un grupo fue al hospital, donde estaba internado de urgencia Gonzalo (Cabrera), porque su familia estaba ahí, y esta gente los corrió, los agredió, le pegaron a la propia madre de Gonzalo, María Luisa Huincaleo, una señora mayor. La gente tuvo que correr y refugiarse donde podía. El hospital está a media cuadra de la policía, y la policía miraba. Al otro día salió el intendente a agradecerles a los vecinos que hayan despejado la calle”. 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/