El acuerdo con el FMI vino de la mano del discurso de la austeridad y de la amenaza del recorte en los organismos estatales descentralizados. No obstante, en el INTI, donde echaron a 258 trabajadores, no parecen haberse enterado: uno de sus gerentes solicitó la compra de cuatro televisores (uno de 50 pulgadas y tres de 43) a días de que comience el mundial de fútbol. La adquisición se hizo “sin orden de compra” por su carácter de “urgencia y excepción”. Además, la empresa de seguridad que viene custodiando el INTI ya se llevó más de un millón de pesos. Es la misma que aportó a la campaña presidencial de Mauricio Macri y pertenece a un policía federal exonerado por denuncias de presunta corrupción.
El titular del INTI, Javier Ibáñez, y varios de sus funcionarios tienen una denuncia penal de Margarita Stolbizer por “contrataciones irregulares por millones de pesos”. No obstante, no hubo funcionarios ni del INTI ni del gobierno nacional que dieran explicaciones al respecto. Y, mientras continúa el conflicto por los despidos –que sumó nuevos capítulos, como el delegado de ATE que fue golpeado por el auto que conducía el vicepresidente del INTI–, los funcionarios no parecen hacerles asco a los gastos. Es el caso del gerente Guillermo Strokach que reclamó hace pocos días un televisor 50 pulgadas, otros tres televisores 43 pulgadas y una heladera con freezer.
Strokach es uno de los que figura en la denuncia que presentó Stolbizer. En ella, la dirigente señala que Strokach está a cargo de la subgerencia de Servicios de Apoyo pese a no tener título universitario (es maestro mayor de obras). “Strokach arribó en la Subgerencia de Servicios de Apoyo en junio de 2016 y desde ese momento creó una oficina con personal nuevo contratado, asesores monotributistas y muy bien pagos”, relevó la dirigente opositora. También señaló que, entre la extensa lista de asesores VIP que contrató el INTI, están la esposa de Strokach, Ileana Sannuto, y su socia Mariana Miller. “Son quienes hoy realizan las tareas que estaban a cargo del Departamento Técnico”, es decir, que se constituyen en un departamento paralelo para encargarse de contratar a las empresas.
Stolbizer detalló que entre esas contrataciones hay sobreprecios en la adjudicación a la empresa Kopar S.A. por 14 millones de pesos, y otra empresa llamada Construcciones, Infraestructura y Servicios S.A. La primera ya aparecía en contrataciones vinculadas al gobierno porteño. Los técnicos del INTI que objetaron esas adjudicaciones figuran entre los despedidos.
Lo cierto es que, además de las irregularidades que denunció Stolbizer y que forman parte de una causa penal, Strokach reclamó con urgencia una serie de televisores a días de que empiece el mundial. En las comunicaciones de fines de mayo con la empresa proveedora, les indicaron que el costo (que superaba los 82 mil pesos) se afrontará como una “compra por urgencia y excepción mediante el fondo rotatorio interno. No se emite una orden de compra”. El texto lo firma el jefe del Departamento Suministros del INTI, Daniel Grilli, uno de los lugartenientes del gerente general, Mariano Zlatanoff, quien fue uno de los que firmó los despidos de los trabajadores. Señala que la única autorización formal es un correo electrónico.
Los delegados de ATE consultados por este diario indicaron que no se entiende la urgencia de esa compra. “Al tomar conocimiento del mail en el que se pide la compra de los televisores, solicitando que sea sin una orden de compra, la primera sensación que nos genera es que no sabemos en qué sector del Instituto se podría necesitar ese equipamiento. No son elementos de laboratorio. Tampoco se entiende por qué la emergencia y por qué usan canales no formalizados dentro del circuito de compra”, indicó Yamila Mathon, delegadas de ATE despedida, reincorporada por un fallo judicial y a la que le volvieron a impedir la entrada recientemente.
“En este contexto donde se pide austeridad y se pretenden seguir haciendo recortes en organismos descentralizados, como anunció el ministro Dujovne, este tipo de compras o los viajes como el caso del jefe de Gabinete del Ministro de Producción, Pérez Rivas, o que todos los gerentes del instituto viajen el autos oficiales, marcan un discurso contradictorio. En el Instituto, el recorte pasa por eliminar técnicos y profesionales de carrera, particularmente a los que son críticos de la gestión de Ibáñez”, remarcó la delegada de ATE. El viaje al que se refería fue a Barcelona y costó 117 mil pesos, como publicó este diario, y a Pérez Riva se le pagó el viaje en concepto de “invitado”.
A esto se suman otros gastos llamativos del INTI, que también fueron denunciados por Stolbizer, como por ejemplo el medio millón de pesos que se gastó en esculturas para los 60 años del INTI, que incluían una paleta de helado gigante que decía “Love”, o bien las dos licitaciones para comprar cajas navideñas en las que ganó una empresa que cambió de rubro para poder vender esas cajas a más de mil pesos la unidad. Para colmo, la dirigente denunció que se desdobló la compra para poder hacerla en forma directa y no con una licitación.
Seguridad cara
La situación en el INTI llevó a que Ibáñez recurriera a una empresa de seguridad, que mantiene un cerco sobre las instalaciones. La empresa contratada es Murata, que cobró por sus servicios de mantener a raya a los despedidos la suma de 1 millón 266 mil pesos solo por los meses de abril y mayo. Murata también fue contratada por el gobierno porteño (por cifras que superan los mil millones) y es la misma empresa que aportó 295 mil pesos a la campaña de Macri en 2015, según la investigación de los periodistas Federico Poore y Matías Di Santi en el sitio Chequeado.
En las actas de esta empresa de diciembre de 2017 figura como vicepresidente Roberto Raglewski, que fue director del Departamento de Operaciones Federales de la Policía Federal hasta que fue exonerado en 2004, en medio de acusaciones de presunta corrupción y gatillo fácil, y mientras se investigaba el robo de una serie de elementos secuestrados en un operativo antinarco. La ley bonaerense que regula las empresas seguridad privada establece que no se puede contratar a empresas que tengan policías exonerados y también prohíbe su participación en la arena partidaria. Se desconoce la forma de contratación por parte del INTI de Murata S.A. y cómo se adecuó a esta normativa.
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