Por qué el Fondo no es la solución
No aprendemos más
Por Matías Ginsberg *
La vasta historia del vínculo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional abarca un total de 29 acuerdos desde el año 1956. La mayoría de estos acuerdos fue del tipo stand-by, cuyos desembolsos están supeditados al cumplimiento de una serie de condicionalidades para la economía de la Argentina. Entre estas “metas” se destacan las fiscales como el ordenamiento de las cuentas públicas a partir de la reducción del gasto público y del déficit fiscal pero también incluyen “recomendaciones” monetarias y cambiarias así como sugerencias sobre el ritmo de la de deuda pública. Más recientemente y de manera complementaria, han aparecido “metas” en los acuerdo del FMI vinculadas al comercio exterior.
Las condicionalidades exigidas sobre la balanza comercial se justificaron siempre como parte de las medidas necesarias para combatir la crisis del balance de pagos. En general, apuntaron a lograr una mayor liberalización y apertura del comercio: reducción y/o eliminación de los aranceles y otras restricciones a la importación, limitaciones al acceso a nuevos mercados de exportación, y el incentivo al aumento de las importaciones con autorización automática, entre los más salientes.
Las “metas” vinculadas al comercio exterior y al mercado cambiario se hicieron particularmente visibles en los acuerdos suscriptos entre Argentina y el FMI en la década del 80, con alguna mención a la reducción de aranceles en el del año 1977. Contrariamente a lo que se pretendía, la aplicación de estas condicionalidades sólo contribuyó a profundizar la conocida crisis de balance de pagos que atravesó toda la región en esa década.
Por su parte, entre 1983 (primer préstamo de la década) y 1991 (comienzo de la Convertibilidad), el crecimiento de las importaciones (7,9 por ciento promedio anual) fue mayor al de las exportaciones (5,4 por ciento). Es decir, más allá de otros factores que determinan el saldo comercial, las recomendaciones de política realizadas por el FMI no contribuyeron a solucionar los problemas de la balanza por entonces, sino más bien todo lo contrario. Esta situación llevó a una recurrencia en las solicitudes de financiamiento. Como en un círculo vicioso, Argentina volvió a recurrir a préstamos del FMI en 1983, 1984/1985, 1987 y 1989.
Si bien todavía no se conoce la letra chica del acuerdo que firmará el gobierno de Mauricio Macri, sí se conoce que será un acuerdo del tipo stand by. Por lo tanto, se prevé que venga acompañado de condicionalidades, sobre todo en materia fiscal; léase: fuerte achicamiento del gasto público. Es difícil dimensionar el impacto de la reciente crisis del mercado financiero local que llevó al gobierno a recurrir al FMI, pero diversas consultoras estiman una importante contracción de la actividad económica (inclusive el Fondo moderó las proyecciones de crecimiento para el 2018), una inflación que oscilará entre 25 y 30 por ciento dependiendo del tamaño de la recesión y el sostenimiento de tasas de interés elevadas, en torno al 40 por ciento.
Quedan claras dos cosas. Por un lado, que la política económica del macrismo no sólo no funcionó en sus propios términos, sino que además generó caídas del consumo, precarización del empleo, y pérdida del poder adquisitivo de los salarios, particularmente de los estratos más vulnerables de la población. Además, en 2017 se lograron dos tristes récords: peor déficit comercial de la historia y peor relación déficit comercial bienes y servicios frente al PBI.
Por el otro lado, es evidente que las políticas de ajuste sistemáticamente recomendadas por el FMI para nuestro país no sólo no lograron mejorar las condiciones de vida de los argentinos, sino que las recetas impuestas por el fondo en el resto de los países para bajar el déficit fiscal no contribuyeron al crecimiento, sino todo lo contrario. Por ejemplo, Grecia logró reducir su déficit de 11 a 0 por ciento del PIB entre 2010 y 2017, pero ese ajuste trajo aparejado crecimiento del desempleo de 12,7 a 20,8 por ciento y caídas del producto y la inversión.
Las perspectivas son poco promisorias para el gobierno, y la contracción del gasto público podría alimentar una dinámica peligrosa de menos gasto, menos poder adquisitivo, menos consumo, menos crecimiento. En todo caso, si el objetivo es mejorar el déficit, podrían volver a recaudar los impuestos que le perdonaron al campo, a los grandes exportadores industriales y mineros, y a los sectores acomodados en general con la reducción de bienes personales.
* Economista UBA.
Salir del laberinto
Por Agustina Gallardo *
La producción industrial enfrenta a un escenario de creciente complejidad hace por lo menos un lustro. En 2015 el sector estuvo, en promedio, un 9,5 por ciento por debajo del pico alcanzado en 2011. En 2016 cerró con una caída del 4,6 por ciento interanual que fue ligeramente recuperada con el crecimiento de 1,8 por ciento de 2017. El comportamiento de los sectores industriales durante los últimos años fue errático, respondiendo por un lado al contexto internacional inestable como también a las decisiones de política comercial y macroeconómica.
De los controles cambiarios a la liberalización para la compra y los giros al exterior, de una política comercial fuertemente administrada con las DJAI a la eliminación sistemática de Licencias No Automáticas, de un denso entramado de subsidios a varios aumentos en los servicios públicos, del quantitative easing (expansión cuantitativa) estadounidense al aumento de tasas, de la crisis a la recuperación brasilera. Sin embargo, el denominador común de este recorte temporal está signado por la ausencia de una política industrial y productiva sólida que pueda reducir la vulnerabilidad argentina al contexto externo.
La particularidad que se evidencia en el último tramo, sin embargo, es la amplificación de este fenómeno debido a la inestabilidad y algunas decisiones de política que presentan desafíos para todos los sectores industriales, pero más aún para aquellos que todavía intentan recuperar los niveles de actividad perdidos durante los últimos años.
En lo que respecta a la coyuntura más urgente, los sectores productivos se enfrentan a un problema que dificulta sobremanera sostener la actividad industrial. La dificultad de simultáneamente liberalizar el movimiento de capitales, hacer política monetaria activa y controlar las oscilaciones del tipo de cambio se puso de manifiesto durante el último mes. Así, el Banco Central ha tomado la determinación de controlar el precio del dólar sin echar mano a posibles herramientas aplicadas con éxito en países como Chile para moderar la volatilidad de la cuenta capital. La tasa de interés se impuso como el principal instrumento para controlar la salida de capitales de aquellos inversores expuestos al riesgo cambiario.
Este incremento en la tasa de referencia se traslada inevitablemente al costo de financiamiento del conjunto del sistema productivo y comercial, convirtiendo la restricción externa en un problema de financiamiento interno. Un crédito de la banca pública en marzo de este año cobraba una tasa del 19 por ciento los primeros tres años, y luego BADLAR más 4 puntos. Apenas dos meses después, estos valores pasaron a 35 por ciento y una tasa BADLAR más 6 puntos. Un salto en el costo del financiamiento de 16 puntos no es inocuo para las actividades productivas. Por un lado, los proyectos de inversión planificados por las empresas tendieron a perder su rentabilidad o directamente su viabilidad, lo que es especialmente alarmante en un contexto de creciente competencia y modernización de la producción a nivel mundial. Pero a su vez un incremento de la tasa de referencia genera tensiones en la disponibilidad de capital de trabajo que obliga al sector a extender su cadena de pagos y cualquier requerimiento de capital en un plazo menor debe pagar una tasa que puede superar el 49 por ciento para descuento de cheques y 54 por ciento para adelantos de cuenta corriente.
Esto necesariamente entorpece la dinámica industrial, encarece el costo de producción que enfrentan las empresas y, en contraposición con el efecto esperado por el BCRA, genera una presión al alza sobre los precios. Así el incremento sostenido de tasas combinado con la eliminación de Línea de Créditos para la Inversión Productiva y otros programas de créditos para la promoción de la inversión, han transferido parte del costo del desequilibrio externo a la producción y el consumo local.
Ordenar el frente externo y regularizar la macroeconomía se imponen como los vectores que deben orientar la política económica en el corto plazo, en especial en un contexto mundial de permanentes transformaciones en el mundo productivo. En la transición, segmentar el mercado de crédito para potenciar la inversión industrial, contribuyendo a la tecnificación de todas las ramas e impulsando el crecimiento de la producción, es parte ineludible del mix de políticas públicas que nos permitirán dejar atrás el conjunto de restricciones que enfrentamos. Una industria moderna y competitiva que movilice encadenamientos hacia atrás y hacia delante de la economía nacional, podrá ofrecer una alternativa a la permanente salida de divisas a través de la cuenta corriente y torcerá los incentivos existentes, traccionando fondos desde los movimientos especulativos hacia estas actividades productivas que generan una contribución mucho más significativa para las cuentas fiscales, el empleo, el consumo y el crecimiento.
* Licenciada en Economía – UBA.
