Alberto Fernández: “Es imperioso abordar cambios en la Justicia”
El Presidente y la decisión de Casación de trasladar la causa de espionaje ilegal macrista a Comodoro Py
La ministra Losardo cuestionó a los jueces que “acordaban” sus fallos con Macri y garantizan ahora la impunidad de los ex funcionarios del gobierno de Juntos por el Cambio.
Por Luciana Bertoia.
La jugada de la Casación Federal para llevar la megacausa de espionaje macrista de Lomas de Zamora a los tribunales de Comodoro Py, donde la connivencia entre jueces, espías y medios fue siempre parte del paisaje, fue la gota que rebasó el vaso. El presidente Alberto Fernández fustigó a “los jueces que acuden en socorro de sus mandantes políticos o corporativos”, poco después de que la decisión del máximo tribunal penal del país fuera motivo de festejos y alivio para exfuncionarios de Mauricio Macri, que reclamaban el pase a gritos. La ministra de Justicia, Marcela Losardo, destinó sus críticas a los jueces de Casación –denunciados algunos de ellos la semana pasada por sus encuentros con el expresidente– y a Carlos Stornelli, el fiscal procesado en la causa de espionaje de Dolores que ahora por la tómbola de los tribunales de Retiro quedaría a cargo de investigar justamente a quienes, en otra jurisdicción, sostienen que serían sus terminales.
“Es difícil hacer una mejor democracia y una República más sólida con jueces que acuden en socorro de sus mandantes políticos o corporativos”, tuiteó el Presidente. “Es imperioso abordar cambios que le devuelvan a la Justicia el prestigio que unos pocos jueces y fiscales le han hecho perder”, completó y retuiteó un largo hilo que había hecho Losardo con un diagnóstico sobre el mal funcionamiento del Poder Judicial.
La reacción del Presidente y de la ministra ocurrió un día después de que los camaristas Mariano Borinsky y Javier Carbajo decidieran sacarle al juez Juan Pablo Augé la investigación que involucra a la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y a funcionarios del riñón de Macri como su secretario privado, Darío Nieto. La primera respuesta oficial fue la de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que como víctima del espionaje y querellante en la causa, le reclamó al juez Augé que no mandara el expediente a Py porque ella iba a apelar a la Corte Suprema, diciendo que se trataba de un hecho de gravedad institucional sin parangones.
Losardo sacó a relucir una encuesta que muestra que el 87,9 por ciento de los argentinos son críticos o descreen del Poder Judicial, que es, a todas luces, un problema político en la región, como lo mostró también en Brasil y Ecuador. Más allá de Comodoro Py, fuente frecuente de quejas por la politización de sus integrantes más selectos, la semana pasada la justicia quedó en el ojo de la tormenta por su accionar previo al femicidio de Úrsula Bahillo.
Sin embargo, las críticas más cáusticas de la ministra de Justicia, que habitualmente cultiva un perfil bajo, estuvieron enfocadas hacia los tribunales de Retiro. “Hoy sabemos que hubo jueces que acordaban y preanunciaban sus fallos con el Presidente de entonces, que jugaban al tenis con él mientras perseguían a sus opositores con argucias legales y que siempre se han negado a hacer público su patrimonio”, escribió Losardo. En la misma línea, el diputado Martín Soria denunció al presidente de la Casación Federal, Gustavo Hornos, por seis visitas a la Casa Rosada que coincidían con fallos adversos para el kirchnerismo. Borinsky fue objeto de críticas públicas, aunque no lo integraron en la denuncia ante la fiscalía que investiga a la llamada mesa judicial macrista. “Es más que evidente que quienes gobernaron el país inmediatamente antes que nosotros consolidaron una justicia que los protege y les evita el deber de rendir cuentas por sus inconductas públicas”, agregó.
Hubo un destinatario obligado del malestar de la ministra, validado por el Presidente: el fiscal Stornelli, procesado por el juez Alejo Ramos Padilla por sus andanzas junto con Marcelo Sebastián D’Alessio. “Ver que un fiscal procesado, que participó en delitos atribuidos a un irregular agente de inteligencia y que está sospechado de presionar con fines de persecución política, sea hoy el encargado de investigar el espionaje del gobierno al que sirvió, causa una profunda indignación”, sostuvo Losardo.
Los tuits de Fernández y de la ministra serán el tema de conversación obligado del feriado de carnaval entre los integrantes de los tribunales de Comodoro Py, señalado como la cuna del lawfare por el oficialismo. Hasta ahora, el gobierno logró cortar una de las patas del trípode de poder histórico en los tribunales de Retiro, que es la intervención de los espías en la justicia. Sin embargo, no ha conseguido avanzar con el proyecto de reforma judicial, que espera en la Cámara de Diputados por la falta de acompañamiento de la oposición. Lo mismo sucede con la reforma del Ministerio Público, que relaja la mayoría necesaria para nombrar al procurador –cargo que ocupa interinamente Eduardo Casal, que cuenta con el apoyo opositor y fue un sostén de Stornelli durante el último tiempo– y que permitiría avanzar con la designación del candidato del presidente, el juez Daniel Rafecas.
Tiempo de reformas
Hay consenso alrededor del mal funcionamiento de la justicia. Lo dicen los juristas, lo dice la oposición, pero el consenso no se traduce en votos. “A los que la criticamos hace tiempo, la justicia federal penal todos los días nos da la razón”, dice Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). “Hay que tomarse en serio el cambio en la justicia y en el Ministerio Público. Estamos hace años paralizados. ¿Por qué no cambiar todo de una vez?”, reclama Binder.
“Sabemos que el Poder Judicial no funciona de forma óptima. El presidente tiene una herramienta muy importante, que es trabajo que el consejo consultivo hizo, y que se podría traducir en distintas leyes sobre la Corte, el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, la innovación tecnológica del Poder Judicial y el juicio por jurados”, sostiene el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que integró ese grupo de expertos.
“El diagnóstico que hace la ministra Losardo y comparte el presidente es correcto”, agrega la abogada Graciana Peñafort. “Resulta importante que se operativicen algunas cuestiones que traigan un mejor funcionamiento para dar mayor transparencia”, explica. “Se debe también incentivar la investigación de todos los responsables –tanto funcionarios judiciales como políticos– de las maniobras destinadas a la persecución de opositores políticos y promover la revisión de todos los procedimientos que van desde las escuchas ilegales hasta el pago de testigos”, insiste.
El texto completo de la ministra Losardo
“El sentido de Justicia está en duda entre nosotros. Las encuestas dan cuenta que una inmensa mayoría de los argentinos se muestran críticos y escépticos ante el proceder del Poder Judicial y de sus miembros.
Hoy sabemos que hubo jueces que acordaban y preanunciaban sus fallos con el presidente de entonces, que jugaban al tenis con él mientras perseguían a sus opositores con argucias legales y que siempre se han negado a hacer público su patrimonio.
Semejante contexto, que se profundiza con detenciones arbitrarias y juicios que se prolongan en el tiempo sin que se obtengan sentencias jurídicas razonadas, hacen que la República se degrade inexorablemente.
El Presidente Alberto Fernández se comprometió a poner fin a los sótanos de la democracia. Así, los servicios de inteligencia ya no operan en tribunales, propuso al Congreso Nacional una reformulación de la Justicia Federal y analiza las propuestas de reforma de un comité de juristas.
Es más que evidente que quienes gobernaron el país inmediatamente antes que nosotros, consolidaron una justicia que los protege y les evita el deber de rendir cuentas por sus inconductas públicas. La “Mesa Judicial” existió y dió los resultados que sus miembros buscaban.
Todo ello ocurre con la anuencia de un conjunto de medios que tapan aquellas inconductas y que justifican que el juzgamiento de las mismas quede en manos de los fiscales y jueces que se han asociado a los propósitos de aquél gobierno.
La soberbia con la que esos jueces y fiscales se mueven solo se explica por la protección política de la oposición y el discurso mediático que va en su auxilio para encubrirlos. Es insólito que, ante tantas evidencias, ni siquiera tengan el buen tino de excusarse.
Ver qué un fiscal procesado, que participó en delitos atribuidos a un irregular agente de inteligencia y que está sospechado de presionar con fines de persecución política, sea hoy el encargado de investigar el espionaje del gobierno al que sirvió, causa una profunda indignación
Argentina necesita jueces que vuelvan a ocupar el lugar que la República les reclama. Jueces decentes y capaces, que dejen de servir al poder político de turno, que no cedan a las presiones corporativos y que se dediquen simplemente a impartir justicia.
Si la sociedad argentina no asume la gravedad que representa que el sistema judicial, tras la falsa invocación de su independencia, siga adelante con tan nocivas prácticas, solo acabará enfrentándose a una nueva y tremenda frustración
Ya es hora de poner ética y rectitud allí donde evidentemente esos valores han sido dejando de lado. Es hora de abordar las transformaciones necesaria para garantizar una buena administración de justicia.
Si no lo hacemos, los títulos de los diarios seguirán contándonos cómo los impunes opositores y sus amanuenses se burlan de nosotros.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/
