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Programa de desarrollo y el papel del Estado. La propuesta es un plan económico basado en un alto grado de autonomía tecnológica. Es fundamental el poder de compra del Estado.

Por Bruno Pedro De Alto.

Cuando el gobierno de la Alianza Cambiemos asumió en 2015, tomó como simbólica medida de continuidad o política de Estado, la designación como Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a Lino Barañao, quien venía desempeñándose en el cargo desde la administración anterior. Muchos sectores políticos y de la ciencia y la tecnología advirtieron que ese continuismo no garantizaba “mantener” lo hecho, y menos, darse un proceso de perfeccionamiento y desarrollo. En efecto, la presidencia de Mauricio Macri ya no dejó lugar a dudas: el rumbo económico tiene la dirección opuesta al desarrollo, la ciencia, la tecnología y la innovación. Cuanto más se desalientan a las capacidades nacionales, más se insiste en que la modernización y el progreso llegarán de la mano de actores y recursos extranjeros. A partir de este pobre y errado enfoque, Cambiemos implementa una drástica adecuación del Estado.

Poco se puede esperar ya de esta fracasada experiencia de la derecha. Es hora de plantear estrategias y acciones, en el marco de un gobierno nacional y popular que vaya a instrumentar a partir de diciembre de 2019 un plan de desarrollo, es decir un plan económico basado en un alto grado de autonomía tecnológica donde la concurrencia de la ciencia y la tecnología promueva para la competitividad industrial, el desarrollo de las economías regionales y la resolución de graves problemas endógenos como la vivienda, la alimentación, la contaminación.

Ese plan de desarrollo reconoce al Estado como actor determinante a la hora de jugar su rol como planificador, orientador y protagonista. La producción tecnológica y la innovación son políticas propias que señalan el camino y un destino, que necesariamente incluye a los sectores productivos privados. El entramado productivo involucrado es esencialmente nacional, pyme y federal.

Innovación

El Estado y sus políticas en Ciencia, Tecnología y Desarrollo operarán sobre un proceso interno, el desarrollo tecnológico; y un proceso externo, la apropiación, el uso. Ese proceso externo es la innovación propiamente dicha. La novedad en Argentina, deberá ser lograr un modelo más refinando desde lo económico. A parte del mayor involucramiento de la inversión en desarrollo tecnológico e innovación en el sector privado, el Estado estará presente como inversor, financista, socio y comprador. Distintas modalidades de la misma estrategia general: el desarrollo nacional por la vía tecnológica.

Para ello, es fundamental el poder de compra del Estado. No será el ya conocido “compra nacional”. Hay que inspirarse en las experiencias de países que recorrieron el camino del desarrollo y la productividad. Será la modalidad de compras públicas de tecnología que se ha venido observando, en estos últimos años, en Estados Unidos, Unión Europea, Israel, Japón, Corea y Brasil.

Las compras públicas de tecnología son consideradas como políticas activas que fomentan la competitividad. La misma se presenta de diversas maneras operativas, pero siempre expresan la voluntad del Estado en fomentar la innovación del sector privado, con expreso apoyo económico. Se conoce como compra pública de tecnología para la innovación (CPTi) cuando una entidad pública aprueba un pedido de un producto o sistema que no existe en ese momento, pero que puede desarrollarse probablemente en un período de tiempo razonable. Requiere el desarrollo de tecnología nueva o mejorada para poder cumplir con los requisitos demandados por el comprador.

Este mecanismo apunta a reducir el gap o vacío financiero que existe entre las inversiones para ciencia y tecnología que realiza usualmente el Estado y las inversiones finales para el producto, cuanto más comercializable, mejor; que hacen los privados. En ese gap se ubican la investigación aplicada, los desarrollos tecnológicos, los prototipos, las primeras unidades, la puesta a punto. Si nadie asume ese vacío económico, se deja sin financiamiento a soluciones tecnológicas de potencial utilidad e interés. Muchas de ellas implicarían avances importantes en sensibles segmentos para la sociedad y el Estado: como salud, medio ambiente, comunicaciones, seguridad, transporte, vivienda.

Con esta práctica, el Estado compra productos nuevos, que han tenido tiempo para desarrollarse y financiamiento para sus primeras series industriales y comerciales, facilitando, además, al mercado en general dado que éste también puede beneficiarse con dichas innovaciones. Las compras públicas clásicas, son objeto de controversia, sin duda. Por su volumen están expuestas a debate: o son instrumento de desarrollo, influidas por voluntad política, como son los casos de orientar las compras a empresas nacionales, a pymes, y compras sustentables e innovadoras; o instrumentos para el funcionamiento del libre mercado, donde se compra solo por calidad y costo, incluso favoreciendo licitaciones internacionales.

Propuesta

Si se optara, tanto a nivel nacional o provincial, por leyes que regulen las CPTi, esas iniciativas deberían contemplar por cada jurisdicción, estos puntos relevantes:

  1. Las modificaciones a las legislaciones de contabilidad y reglamentos de contrataciones del Estado vigentes.
  2. Creación de comités técnicos-asesor de compras públicas de tecnologías de innovación.
  3. Creación de comités técnicos-administrativos de compras públicas de tecnologías de innovación.
  4. Creación de fondos consolidados y específicos para compras públicas de tecnologías de innovación.

Las modificaciones a las leyes y a los reglamentos deberían reconocen la figura de “compra pública de tecnología de innovación”, y le asignarían la modalidad de contratación directa, con importe límite. Pueden darse de dos maneras: como contratos de colaboración pública privada para la compra de bienes y/o servicios de innovación; o también como contratos de servicios de I+D. También se debería crear el concepto “diálogo de innovación” que es un intercambio de información con el o los oferentes para definir el esquema contractual entre el órgano de contratación y quien o quienes deben producir la innovación.

Es muy importante destacar que la novedad es que se comprará a través de definiciones de funciones, no productos conocidos. Se sabe lo que se necesita, no como se lo va a resolver. Esto en gran medida es la fuente de la creatividad y la innovación. La demanda será hacer algo de manera más económica, rápida, menos contaminante, no se comprarán productos existentes, sino nuevas soluciones.

El comité técnico-asesor de compras públicas de tecnologías de innovación sería la correa de transmisión entre los actores principales del sistema. Tendría como función promover y difundir el sistema de compras públicas de tecnologías de innovación a crear, relevar y canalizar demandas de tecnología de innovación en el seno de cada Estado Nacional o Provincial, y asesorar y colaborar con el organismo demandante durante el proceso de definiciones y compra. Estaría conformado por representantes del Estado, institutos tecnológicos, universidades y cámaras empresariales.

El comité técnico-administrativo de compras públicas de tecnologías de innovación, sería el reaseguro para el uso de los recursos públicos en un sistema que opere en un marco de transparencia, legalidad, precios justos y mejor valor. Estaría conformado por representantes de los órganos de control administrativo, de representantes de asociaciones de defensa del consumidor y representantes empresariales.

La iniciativa reconoce solo como oferentes a consorcios públicos privados, formados por una o varias empresas privadas, asociadas a una o varias instituciones públicas del sistema científico-tecnológico nacional.

El fondo específico general se constituiría en un 80 por ciento equivalente de los gastos en compras de servicios, productos e insumos del presupuesto público total de cada jurisdicción; y en un 20 por ciento con presupuesto de cada organismo comprador, de los gastos en compras de servicios, productos e insumos del presupuesto. Este fondo, como ya se dijo más arriba, se constituiría gradualmente, destinando un consolidado del 0,5 por ciento el primer año, 1 por ciento el segundo, 2 por ciento el tercero y 4 por ciento el cuarto. Tanto la ley, como los comités y el fondo, son pensados para el ámbito de un recuperado Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.

* Licenciado en Organización Industrial (UTN) y especialista en Gestión de la Tecnología y la Innovación (Untref). Autor de Autonomía tecnológica (2013. Ciccus) y Tozuda industria nacional (2018. Ciccus – Lenguaje Claro).

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/

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