Otro aporte trucho

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Apartan al juez Sebastián Casanello de la causa por los aportes de campaña.

A través de un camarista amigo, Martín Irurzun, el Gobierno le sacó al juez Casanello la investigación sobre los funcionarios PRO, en la causa que empezó con los aportantes truchos a la campaña de María Eugenia Vidal

Por Irina Hauser.

En
un nuevo movimiento que apunta a desactivar la investigación sobre
aportantes truchos de Cambiemos, el presidente de la Cámara Federal,
Martín Irurzun, decidió apartar del caso al juez Sebastián Casanello y
enviar la causa a sorteo. El expediente a su cargo avanzaba sobre la
responsabilidad de funcionarios en el uso de bases de datos de la Anses
para hacer aparecer a los beneficiarios de planes sociales como donantes
de dinero para las campañas electorales de 2015 y 2017 y analizaba una
relación entre el origen de los fondos y empresas beneficiadas con
contratos en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, no se trataba
únicamente de infracciones electorales, sino que iba más allá, al unir
empresas y gobierno en posibles delitos. El mismo camarista ya le había
quitado otra parte de la investigación, que fue enviada a la justicia
electoral de La Plata, donde quedarían licuadas las responsabilidades
penales.

Es
impactante cómo, en un período casi similar al del caso de los
aportantes, la causa de (las fotocopias de) los cuadernos, avanzó sin
trabas de los tribunales superiores y con gran impulso de los fiscales,
con decenas de detenidos, arrepentidos y procesamientos. El mismo
fiscal, Carlos Stornelli, es el que hizo planteos tendientes a debilitar
la pesquisa sobre aportes truchos. De hecho, la resolución que adopta
Iruzun ayer es respuesta a una apelación de la fiscalía que cuestionó
una resolución de Casanello, de diciembre último, donde explicaba por
qué  se quedaba con la investigación de determinados hechos. Irurzun,
sin mayores explicaciones y en un texto cargado de tecnicismos, anuló
aquella disposición y acusó al juez de ser errático y confuso. Un repaso
cronológico permite entender el escenario:  

  • La investigación sobre aportantes se inicia en junio de 2018
    cuando el periodista Juan Amorín revela que Cambiemos había utilizado
    los nombres y datos de cientos de personas (fueron alrededor de 800)
    para justificar aportes a la campaña legislativa de la provincia de
    Buenos Aires en 2017. Muchos eran beneficiarios de planes sociales,
    visiblemente humiledes, que declararon que jamás aportaron ni un peso a
    la campaña y algunos incluso aparecían como afiliados al PRO pese a que
    nunca habían hecho ese trámite ni les interesaba. Luego fueron surgiendo
    más aportantes, de otros ámbitos, como concejales, consejeros escolares
    y hasta intendentes bonaerenses que nunca habían puesto plata pero
    aparecían en las rendiciones de campaña del oficialismo con donaciones
    de hasta 50.000 pesos.
  • Una parte de las actuaciones quedó en Comodoro Py, en el juzgado de
    Casanello, y otra, con una denuncia del fiscal Jorge Di Lello, fue a
    parar a los tribunales de La Plata, donde hasta resultó denunciada María
    Eugenia Vidal como responsable del partido, y su tesorera María
    Fernanda Inza, entre otros. En ambas jurisdicciones, hubo maniobras para
    golpear la investigación y dificultar su progreso.
  • En territorio bonaerense, el juez Ernesto Kreplak desplegó medidas
    de prueba y hasta constató cómo aparecía el dinero de origen
    desconocido, depositado desde cajeros cercanos a la Casa Rosada. Y uno
    de sus últimos pasos fue avanzar sobre afirmaciones del periodista de La
    Nación Hugo Alconada Mon, que en su libro “La raíz de todos los males”
    reveló que Mauricio Macri les pedía a los empresarios para la campaña
    presidencial el uno por ciento de su patrimonio (en negro). Pero la
    Cámara Electoral le quitó la causa, donde se investigaban delitos como
    asociación ilícita y lavado de dinero y la mandó al juzgado electoral de
    Adolfo Ziulu, que la reclamaba. Si bien tiene facultades de investigar
    delitos, el eje del trabajo de Ziulu es establecer las infracciones a la
    ley electoral, que no prevén más castigo que multas o suspensiones que
    con suerte se aplican dilatadas en el tiempo. Kreplak se quedó con una
    pequeña parte sobre la campaña presidencial de 2015, pero se la envió a
    Casanello, y también está en plena apelación.  
  • En los tribunales de Retiro, en un comienzo el fiscal Stornelli
    impulsó la acción penal ante una denuncia de La Alameda, pero en poco
    tiempo se inclinó por mandarle todo el juez Ziulu. Casanello pudo
    cotejar rápidamente que los aportantes que figuraban en la campaña
    legislativa 2007 eran truchos. Medio centenar de ellos declaró, y puso
    la lupa sobre el uso de bases de datos de la Anses para la maniobra, lo
    que implicaría la responsabilidad de funcionarios nacionales. Por esa
    razón, Casanello rechazó el primer planteo de inhibitoria del juez
    Ziulu. Se trabó un conflicto y lo resolvió, en soledad, el juez Irurzun
    que ordenó enviar la causa a La Plata. Casanello se limitó a enviar lo
    que le pedía su colega plantese.
  • En el ínterin, la pesquisa se amplió con presentaciones de Margarita
    Stolbiezer, que fue admitida como amicus curiae, y de la fundación La
    Alameda. Esta última llevó, por ejemplo, listados que mostraban en la
    Ciudad de Buenos Aires aparecían como aportantes a la campaña
    presidencial de 2015 funcionarios de segunda línea, algunos de los
    cuales fueron a esa organización a pedir ayuda y aportar información.
    Stolbizer por su lado entregó material clave: empresas que habrían hecho
    aportes de manera camuflada, ya que la ley se los prohíbe, y que
    habrían sido beneficiadas con contratos del estado. Para justificar esas
    donaciones, pusieron los nombres de empleados. Un caso es el de la
    empresa de seguridad Murata. Empleados de ese firma declararon que jamás
    habían puesto ni un centavo para Cambiemos. Los periodistas Matías Di
    Santi y Federico Poore sistematizaron una lista de otras empresas tanto
    de seguridad como de publicidad e Higiene Urbana, entre otros rubros,
    donde se repetía el mismo patrón.

La resolución que dictó en diciembre Casanello desglosa, una a
una, las denuncias recibidas y explica que se queda con las de La
Alameda y Stolbiezer “pues ocurrieron en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y las hipótesis por las que se promovió la acción apuntan a la
presunta comisión de delitos de naturaleza federal (presuntas falsedades
documentales, delitos contra la administración pública y lavado de
activos)”. Sin embargo, Irurzun critica al juez: “El sendero que ha
transitado -dice la resolución de ayer– no sólo ha aportado aún más
confusión al trámite de este proceso, sino también al de aquellos que se
encuentran en conocimiento de la jurisdicción provincial -en particular
en los juzgados 1 y 3 de La Plata-dificultando de ese modo el correcto
ejercicio de la jurisdicción”.

El panorama para que avance la causa no es auspicioso: el único que
podría apelar es el fiscal de Cámara, Germán Moldes, que viene
sosteniendo los planteos de Stornelli. Hoy se sorteará nuevo juez,
aunque en los despachos vaticinan que podría terminar en el juzgado de
Ariel Lijo, que tiene otra causa vinculada, que se originó en enero.
Para Gustavo Vera, titular de La Alameda y coordinador de la
Multisectorial 21F, “el fallo era previsible; Irurzun no iba a permitir
que se investiguen los aportes de las empresas a las campañas de
Cambiemos. Eso provocaría una causa similar a la de los cuadernos, pero
PRO. La causa va a quedar en el fuero federal pero lo corren a Casanello
porque necesitan un juez manipulable”. Stolbizer agregó: “Buscan más
impunidad para los delitos del poder, es una vergüenza. Corren al juez
Casanello para eso”.

Cientos de beneficiaros de planes sociales fueron usados para justificar gastos de la campaña de María Eugenia Vidal

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/

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