El 19 de diciembre de 2001 la protesta social recorría la Argentina. Masivas movilizaciones reclamaban contra las medidas neoliberales del gobierno del presidente Fernando De la Rúa, quien promovió una reforma laboral regresiva, rebajó jubilaciones y salarios en un cuadro recesivo con más del 20% de la población activa desocupada, promovió un ruinoso proceso de endeudamiento externo y confiscó los depósitos bancarios. Buenos Aires ardía. Ni la declaración del Estado de Sitio ni la intervención policial lograban contener la protesta.
Mientras, en la otra orilla del Río de La Plata, un historiador estadounidense, Peter Winn, entrevistaba al presidente uruguayo, Jorge Batlle, sobre los legados de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura que gobernó ese país entre 1973 y 1985. De pronto, la entrevista fue interrumpida por el jefe del estado mayor de las Fuerzas Armadas uruguayas quien le informó a Batlle la grave situación en Buenos Aires. Inmediatamente, Batlle le ordenó que averiguase por qué el ejército no intervenía. Al rato, el militar uruguayo regresó con la respuesta: “Señor Presidente, de Buenos Aires me informan que el ejército carece de legitimidad para intervenir”. Como señala Winn en su libro No hay mañana sin ayer, batallas por la memoria histórica en el Cono Sur, donde relata esta anécdota, “no sólo los militares no tenían en la Argentina el peso político de antaño, sino que la memoria histórica de la dictadura era demasiado fuerte”. De la Rúa renunció al día siguiente.
De esto trata la primera “batalla cultural” que impulsa el macrismo. El 20 de diciembre de 2017, 16 años después de las protestas sociales que determinaron la renuncia de De la Rúa, ante la fuerte movilización en rechazo a la ley de reforma previsional impulsada por el Presidente Macri, la vicepresidenta de la Nación expresó su pesar por la carencia de legitimidad que tenía la intervención de la fuerza pública debido a las representaciones que, sobre ella, pesan por su responsabilidad en la violación de los derechos humanos (“Gabriela Michetti: “Pasamos de la locura de la dictadura militar a que cualquier haga lo que quiera”, portal TN, 20 de diciembre de 2017. Disponible en https://tn.com.ar/politica/gabriela-michetti-pasamos-de-la-locura-de-la-dictadura-militar-que-cualquier-haga-lo-que-quiera_841310)
La afirmación volvió a poner de manifiesto la existencia de una sensibilidad social extendida contraria a las intervenciones represivas que avasallan los derechos humanos. Esta sensibilidad distingue a la democracia argentina desde 1983. Es fruto de la lucha del movimiento de derechos humanos y de políticas estatales originales en materia de verdad, justicia y memoria. La CONADEP y el informe Nunca Más, el juicio a las Juntas, la reapertura de los juicios en 2003 y la creación de los sitios de memoria, así como las leyes que inhiben la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, marcaron el camino virtuoso que recorrió el país desde entonces.
Hoy el decreto 683/2018 del presidente Macri que habilita la intervención militar en la seguridad interior busca revertir ese camino. Se articula con los ataques y las provocaciones que desplegó el macrismo, desde su asunción, contra el movimiento de derechos humanos y con sus políticas específicas signadas por la búsqueda de reducción de penas y el otorgamiento de prisión domiciliaria para los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos y la eliminación o reducción de los equipos de apoyo a los juicios. Resulta claro, entonces, que no se trata de un movimiento aislado. El gobierno de Macri tiene por meta estratégica horadar la sensibilidad y la cultura de los derechos humanos por lo que significan como frontera política a la impunidad y a la represión.
La segunda batalla cultural que libra el gobierno desde que asumió procura doblegar la cultura de derechos económicos y sociales impulsada por el primer peronismo y forjada en las luchas populares que le siguieron, incluyendo los mojones de recuperación del Estado de Bienestar gestados durante los gobiernos kirchneristas. La meta estratégica de esta segunda batalla, que el reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional refrenda, consiste en invertir la intervención estatal en la protección de los sectores más vulnerables a favor de los más poderosos, eliminar derechos y conquistas sociales pero, sobre todo, suplantar la cultura de la solidaridad y la organización sindical y popular por la cultura de la competencia y del emprendedor individual. En términos políticos, su anhelo es constituir una fuerza que, con arraigo popular, defienda la economía de mercado, la privatización de las empresas públicas, rechace la participación organizada, respalde la represión y promueva la inserción subordinada de la Argentina en el capitalismo global. A ello responden los ataques discursivos contra el movimiento obrero y la andanada jurídica y política contra los derechos de los trabajadores, en curso con los salarios a la baja, la ola de despidos, los recortes presupuestarios y la anunciada ley de reforma laboral. Probablemente Macri desearía mirarse en el espejo del modelo chileno dejado, como herencia, por la dictadura de Pinochet.
En estas batallas contra la cultura de los derechos humanos y los derechos económicos y sociales, el gobierno confronta con dos memorias. Ambas se anudan mutuamente y refieren a hitos que jalonaron la historia argentina de la segunda mitad del Siglo XX.
La primera memoria remite a la dictadura de 1976, a la pérdida del derecho a tener derechos, esto es los derechos a la vida y a la libertad. Conjuga el rechazo de la represión dictatorial pero trasciende la conmemoración del aniversario del 24 cuando se la repudia masivamente en plazas y calles. Recorre el estado de ánimo y la convicción de amplios sectores sociales más allá del movimiento de derechos humanos, el actor central que la impulsa. Es capaz de movilizar a miles, atraviesa universidades, colegios, barrios y sindicatos pero, además, se hace presente en recitales, partidos de fútbol y parroquias. Esta memoria opera en términos políticos en la escena pública allí donde se dirimen las batallas. Interviene como frontera que confronta las apuestas que, mediante el uso de la fuerza, reprimen la resistencia a la pérdida de derechos, se agita solidaria y en cólera ante la desaparición de un joven cuyo rostro interpeló al país mediante afiches, pintadas y pancartas hace un año, y muestra su vitalidad ante decisiones políticas o judiciales que pretenden instalar privilegios o que convocan a la figura amenazante del pasado aborrecido. Allí está la marcha contra el 2×1 que hizo retroceder al gobierno y a la Corte Suprema en un solo día o la movilización del jueves 26 contra un decreto infame.
La segunda memoria es la del 1945. Remite a una experiencia de transmisión intergeneracional que, al compás de tradiciones y resistencias, se tornó perdurable en el tiempo. El espíritu del ’45, parafraseando a Ken Loach, habilitó un proceso de ciudadanización de la clase obrera que la incorporó no sólo en virtud del reconocimiento de derechos económicos y sociales sino como actor político. Su empoderamiento, pese a su alcance económico corporativo, su perfil subordinado y su degradación, fruto de intervenciones neoliberales previas, continúa siendo visto por fracciones de poder como un obstáculo inadmisible a la voluntad privada de acumulación de capital. Para esta fracción, los derechos adquiridos por el mundo popular constituyen privilegios inadmisibles, sus organizaciones rémoras de la Argentina a dejar atrás, sus demandas reclamos extemporáneos. Este rechazo se extiende a otras expresiones del mundo popular, cristalizaciones de logros y avances previos y posteriores al primer peronismo. Desde esta perspectiva, sobran universidades públicas, es necesario terminar con su gratuidad, la inversión en ciencia y técnica es un despilfarro si no se vincula a una aplicación práctica y productiva inmediata, la salud pública gratuita es percibida como un gasto y el pago de jubilaciones como un rubro a eliminar del presupuesto público.
En el curso de estas batallas culturales el gobierno ha convocado, involuntariamente, a una tercera memoria, la del 2001. Se trata de una memoria reactiva, producto del curso de la política oficial que arremete contra los derechos económicos y sociales y que guía la intervención del Estado como un soporte para la valorización del capital concentrado. Esta memoria convoca a los recuerdos inscriptos y a marcas perdurables en muchas familias y, aún, en las más nóveles biografías y experiencias de vida. Remite a las imágenes del colapso de un ciclo signado por el ajuste permanente, la pérdida de derechos, la desesperación, el miedo y la ausencia de horizontes de futuro. La memoria del 2001, amenazante y fantasmal como todo pasado presente, revive al compás del endeudamiento desenfrenado, del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, de la inflación incontrolada, la ola de despidos, el descenso de las reservas del Banco Central y la corrida bancaria. Pero, también, condensa en paralelo un recuerdo antagónico, el de la calle como escenario de enfrentamiento. Evoca una memoria popular empoderada y de larga duración, la resistencia a la pérdida de derechos que eclosionó el 19 y 20 de diciembre de 2001 y que puso fin a un camino que sólo conducía a más miseria y expropiación. El regreso de este pasado se percibió con intensidad en diciembre de 2017 y, no por casualidad, entonces se escuchó un lamento similar al balbuceado en 2001 en los pasillos del poder, aquél que se pregunta por la intervención militar como remedo de todos los males.
Estas tres memorias intervienen y operan en la arena política argentina del presente. Se imbrican mutuamente y se encuentran, hoy, en el centro de la escena política. De hecho, signan el destino de estas batallas culturales, son parte insoslayable de la relación de fuerza.
Entre los intentos feroces de Macri por doblegarlas y las renovadas resistencias dependerá el resultado de estas batallas que, en definitiva, son una. Aquella que se desenvuelve en una escena atravesada por la urgencia dramática del presente y la presencia de estos pasados y de la cual depende el curso que asuma el futuro próximo del país. Los derechos civiles, políticos, económicos y sociales son los que están en juego. Nada más y nada menos.
Fuente: https://www.elcohetealaluna.com/
